LA IMPIEDAD ISRAELI CONTRA LOS CIVILES PALESTINOS

Los palestinos residentes en Gaza y Cisjordania soportamos en la actualidad una ofensiva militar israelí de enormes proporciones. Somos una población civil indefensa y en su mayor parte desarmada, enfrentada a una fuerza militar. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel en los pueblos, ciudades, y campamentos de refugiados de los Territorios Ocupados palestinos son imponentes, tanto por su alcance como por su brutalidad. Aún así, esos Estados que se han dado en llamar a sí mismos "comunidad internacional" nos dejan a merced del ejército israelí. El ataque israelí contra el campamento de refugiados de Balata en Nablus que se inició el pasado 28 de febrero marcó el principio de una nueva etapa. La escalada militar que siguió a este ataque se ha extendido a áreas civiles de todos los Territorios Ocupados, incluyendo las ciudades de Tulkarem, Nablus, Jenín, Belén, Beit Jala, Ramallah, Qalailia, Hebrón, y la Franja de Gaza. Todo ello ocurre en un momento en el que el Primer Ministro israelí Ariel Sharon ha adoptado una retórica más agresiva, al declarar que "hay que golpear a los palestinos, causarles dolor: tenemos que ocasionarles pérdidas, víctimas, para que sientan que tienen que pagar un alto precio". Israel justifica estos ataques contra las áreas civiles como una necesidad para acabar con los "terroristas" y destruir las "bases terroristas". Pero las acciones israelíes van más allá de cualquier posible argumentación basada en el concepto de autodefensa. Son acciones aparentemente diseñadas para castigar al conjunto de la población civil palestina, y constituyen una violación de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Los ataques incluyen el empleo de armamento pesado en las incursiones contra áreas civiles densamente pobladas, absolutamente desproporcionadas teniendo en cuenta las amenazas (reales o no) existentes. La incapacidad de las fuerzas israelíes a la hora de distinguir entre objetivos civiles y militares ha tenido como resultado un elevado número de muertos y heridos civiles: solamente desde el 28 de febrero del 10 de marzo, más de 113 palestinos han sido asesinados y 368 han resultado heridos. La gran mayoría de los asesinados y heridos eran civiles que no servían en los cuerpos de seguridad ni de policía de la Autoridad Palestina. Niños, mujeres y refugiados han sido objeto de ataques indiscriminados, en contravención del derecho internacional, que les otorga un régimen de protección especial. Para los observadores de la situación de los derechos humanos, son especialmente chocantes las redadas masivas realizadas contra hombres palestinos de entre 14 y 50 años en el transcurso de la semana pasada. Desde el pasado 28 de febrero, cerca de 2.200 personas (niños incluidos), han sido detenidos arbitrariamente y enviados a campos de detención situados fuera de sus lugares de residencia. Durante los arrestos, se han empleado métodos de detención inhumanos y degradantes, incluyendo el vendaje de los ojos, registros personales, y la impresión de números en los brazos de los detenidos. Destrucción a gran escala Hemos sufrido la destrucción a gran escala de propiedad civil, incluyendo hogares, lugares de culto, hospitales, ambulatorios, ambulancias, escuelas y universidades, iglesias y mezquitas, incluso de la red eléctrica y de distribución del agua, todo ello en una escala igualada en época reciente tan sólo en el caso de los Balcanes. A pesar del brillo publicitario, Israel se siente lo suficientemente libre como para atacar incluso a las agencias humanitarias y negar el acceso de la población civil a los servicios médicos. Desde el pasado viernes rige en Cisjordania una prohibición sobre el movimiento de vehículos palestinos por todo el territorio, incluyendo las ambulancias, a menos que tengan permiso. La violación de la orden se castigará con disparos. Se refuerzan así las restricciones vigentes desde septiembre del año 2000, que incluyen la presencia de cientos de puestos de control, barricadas y zanjas que dificultan hasta extremos inconcebibles, por no decir que imposibilitan del todo, el acceso a los puestos de trabajo, a la educación, comida, agua, y servicios médicos. Desde el pasado 28 de febrero ha aumentado la alarma por el número de ataques perpetrados contra los servicios médicos, ambulancias y ambulatorios de campaña: seis empleados médicos han sido asesinados, 12 han resultado heridos, y se han destruido cinco ambulancias. Todas estas acciones constituyen una clara violación de la IV Convención de Ginebra de 1949, que Israel está obligada a cumplir. Varias de las acciones están clasificadas como "violaciones graves"; en otras palabras, están consideradas como crímenes de guerra, incluyendo casos documentados de asesinato y homicidio, o casos en los que se ha causado intencionadamente "un gran sufrimiento o se han causado graves heridas corporales o daños contra la salud", así como la "destrucción a gran escala de propiedades de manera ilegal y gratuita, sin que exista ninguna justificación militar para ello". Los ataques suicidas perpetrados contra civiles dentro de Israel son una atrocidad. Sin embargo, tales acciones no pueden servir como justificación para castigar colectivamente a toda el conjunto de la población civil en los Territorios Ocupados, y tampoco pueden servir de excusa o justificación a las violaciones del derecho internacional por parte israelí, incluyendo su ocupación continua e ilegal de los territorios. Nos enfrentamos en la actualidad a lo que eufemísticamente se conoce como política del transfer. Dicho en otros términos: la expulsión por la fuerza de la población palestina de los TTOO, cuestión que se discute abiertamente en los círculos militares y políticos de Israel. La escalada de violencia actual parece haber sido diseñada para servir como pretexto a la expulsión masiva de la población civil. Los actos de limpieza étnica llevados a cabo por Israel en el pasado están bien documentados. En 1948, más de 750.000 palestinos fueron expulsados por la fuerza o huyeron en el transcurso de las masacres. Durante e inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días en junio de 1967, 388.000 personas fueron expulsadas. No cabe duda de que el mundo es plenamente consciente de los crímenes de guerra israelíes, de que los criminales de guerra israelíes actúan impunemente y de que nos enfrentamos a la posibilidad (real) de ser expulsados. Una cuarta parte de los asesinados por Israel en este Intifada eran menores de 18 años. ¿Por qué no se adoptan medidas conducentes a la protección de los civiles palestinos? Todos los Estados del mundo tienen la obligación expresa de obligar a Israel a cumplir la Cuarta Convención de Ginebra. Y de un modo más crucial aún, todos los Estados tienen la obligación de investigar los crímenes de guerra y sentar a sus ejecutores ante la justicia. En teoría, el autoproclamado sentido ético que rige la política exterior británica debería bastar para que Gran Bretaña cumpliera con estas obligaciones legales. Por el contrario, el gobierno británico apoya la exportación de armamento y diversos componentes a Israel, incluyendo aquellos que se utilizan para cometer crímenes de guerra contra los civiles palestinos. De hecho, tanto Gran Bretaña como sus socios europeos proporcionan fondos y mantienen la validez de unos acuerdos comerciales de una importancia crucial que refuerzan al régimen militar israelí. A los palestinos nos enfurece la aparente ingenuidad, cuando no falta de honestidad, de los gobiernos europeos, que utilizan el inexistente "proceso de paz" como excusa para negarse a actuar contra Israel. Eso es lo que oímos cuando Gran Bretaña bloquea los esfuerzos comunitarios para adoptar medidas más firmes que incluyen la imposición de sanciones (como, por ejemplo, la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel). Contemplamos con asombro cómo Gran Bretaña se dispone a sancionar a Zimbabwe al tiempo que bloquea cualquier acción contra Israel. Somos testigos de una conspiración de silencio. Al igual que ocurre cuando se violan las obligaciones legales debidas a la población civil bajo la ocupación, la negativa a tomar medidas contra Israel ignora el paso hacia delante que se daría en el camino hacia la paz si se pusiera fin a las violaciones de los derechos humanos por parte israelí. La primera y más urgente medida es el despliegue inmediato de una fuerza internacional e independiente que proteja a los palestinos y ponga fin a los crímenes de guerra. Deben imponerse sanciones contra Israel para obligarle a aceptar esta presencia internacional y sentarse a una mesa de negociaciones conducentes a una retirada total de los Territorios. En la actualidad, cualquier acuerdo final ha de incluir el fin de la impunidad; y eso, por su parte, exige que los criminales de guerra sean procesados.